TRAS LA PUESTA EN MARCHA DE LAS EPCU, BALEARES CONTINÚA APROBANDO MEDIDAS PARA AGILIZAR LA TRAMITACIÓN URBANÍSTICA COMO LA REDUCCIÓN DEL PLAZO EN ZONAS INUNDABLES Y RECURSOS HÍDRICOS.
Palma y el Govern balear activan nuevas medidas para reducir los cuellos de botella que venían ralentizando licencias, informes sectoriales y desarrollo residencial en las islas.
Baleares ha dado recientemente dos pasos relevantes para reducir los tiempos de tramitación urbanística vinculados a zonas inundables y a los informes de recursos hídricos, dos ámbitos que venían concentrando demoras significativas en el desarrollo de proyectos residenciales. Aunque se trata de medidas distintas, ambas responden a una misma necesidad: hacer más previsible y operativa la gestión de expedientes que, hasta ahora, acumulaban retrasos tanto a nivel municipal como autonómico.
En el caso de Palma, la agilización llega a través de un nuevo esquema de coordinación entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Recursos Hídricos. El cambio más relevante es la supresión de la autorización previa de Recursos Hídricos dentro de la tramitación de licencias en zonas inundables. En su lugar, el procedimiento pasa a apoyarse en una declaración responsable presentada desde el inicio del expediente, lo que evita que la licencia quede parada durante meses —o incluso años— a la espera de ese pronunciamiento previo. Según las informaciones publicadas, este ajuste permitiría desbloquear en torno a 350 expedientes y recortar demoras que en algunos casos habían llegado a los dos años.
A escala autonómica, el Govern ha optado por una vía distinta: reforzar la capacidad de análisis técnico de la Dirección General de Recursos Hídricos mediante la externalización de parte de los informes. Para ello ha sacado a licitación un contrato de 1,3 millones de euros, con el objetivo de absorber la carga acumulada y acelerar la emisión de dictámenes sectoriales que hoy condicionan promociones residenciales y otras actuaciones urbanísticas. Es decir, aquí la agilización no viene tanto por simplificar el trámite como por aumentar recursos para sacar expedientes pendientes y reducir el cuello de botella existente en la fase de informe.
Visto en conjunto, Palma está actuando sobre el diseño del procedimiento, eliminando un paso previo que ralentizaba la licencia, mientras que el Govern está actuando sobre la capacidad de respuesta administrativa, reforzando externamente la elaboración de informes. Son dos palancas diferentes, pero complementarias: una reduce fricción en la secuencia del trámite y la otra busca dar salida al volumen de expedientes ya atascados.
Desde EIC entidad colaboradora, como EPCU, esta evolución conecta con una línea de trabajo que conocemos bien y en la que hemos venido participando activamente en Baleares, manteniendo distintas reuniones técnicas y de coordinación con administraciones locales e insulares para ayudar a perfilar procedimientos, alinear criterios y favorecer una tramitación más ordenada y eficiente.
Nuestra experiencia confirma que la mejora real de la tramitación no depende solo de introducir cambios normativos o refuerzos puntuales, sino de algo más amplio: alinear criterios, ordenar la documentación exigible y clarificar la interlocución entre administraciones y equipos técnicos. Cuando eso ocurre, no solo se acortan los plazos, sino que también mejora la seguridad jurídica y técnica de los expedientes.
El escenario que se está configurando en Baleares apunta precisamente en esa dirección: combinar mayor agilidad administrativa con rigor técnico y una coordinación más estrecha entre los distintos agentes que intervienen en el proceso. El impulso ya está en marcha, y la colaboración entre administraciones, organismos sectoriales y profesionales será clave para consolidar este avance y convertirlo en una mejora estructural y duradera de la tramitación urbanística en las islas.